Oficialismo y Oposicion: El Show
Como todos sabemos, en la Argentina no existe mas que 'El Oficialismo' y 'La Oposicion'. Nunca nadie puede tener una opinion propia, se esta con uno o se esta con el otro.
El Argentino sabe de todo lo que le preguntes
Producto de la ignorancia y la dependencia del ciudadano medio argentino para recabar informacion objetiva -o informacion propiamente dicha ya que lo expuesto en los medios de comunicacion privados no son mas que opiniones subjetivas u orquestas apocalipticas sobre lo mal que estamos- la gran mayoria de la gente repudia el veto presidencial de la ley 26.649, la famosa ley que otorga el 82% movil a los jubilados.
Hablando del tema con diferentes clases de personas (distintos estratos sociales, religiones, edades, etc.) pude concluir que todas las personas que estan en desacuerdo con el veto a la ley nisiquiera saben de que se trata la ley. Porsupuesto, ninguna de estas personas sabian exactamente por que paso lo que paso.
A veces me sorprende lo poco que necesita saber una persona para mostrar un apoyo totalmente incondicional o un colerico rechazo a acciones de semejante importancia como lo relativo a las acciones de nuestros gobiernos.
Segun lo planeado
Cuando la ley 26.649 fue aprobada, su futuro era seguro: 'vetada'
Entonces ¿Para que sirve esta ley? ¿Para que se la voto?. El objetivo es simple, la idea era sacar una ley pintada de utopia pero sin sustento (por ejemplo, viola el artículo 38 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la que establece que “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.) para que el gobierno tenga que vetarla y asi poder dibujar la situacion.
Poniendo estaba la ganza...
Esta ley iba a desviar millones y millones en fondos publicos para cubrir los gastos generados por esta ley ya que en ningun momento hace distincion entre jubilaciones bajas y jubilaciones medias y altas, es mas, habla de aumentar especificamente las jubilaciones medias y altas.
Ahora, la ley habla de porcentajes, es decir que las jubilaciones medias y altas van a recibir un aumento mucho mayor a las jubilaciones bajas (no les miento, hagan el calculo...). Por eso Kirchner hace referencia -exagerando- a un quiebre del estado.
¿Yo? Argentino
Definitivamente esta ley fue ideada para undirse en su propia inconsistencia. El aumento del que tanto se habla abarca mas al que no lo necesita que al que lo necesita y crea una fuga de capital estatal que va a salir de los impuestos que pagamos practicamente con cada movimiento que hacemos. En las escazas paginas de esta ley uno puede entender el por que del veto y en su argumento se aprecia el transfondo burgues por el cual no hay exclusiones en los aumentos. El 82% movil es una lucha añeja de las clases sociales mas afectadas por los minimos jubilatorios y estos satrapas vacian de sustento a estas causas y las caratulan como propias para un uso meramente estrategico-politico de difamacion.
El Autor
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La caja no es tan importante
(Oportunismo, jubilaciones y porcentajes, por Fabián Amico)
El debate, aprobación y posterior veto presidencial a la ley del 82 por ciento móvil pusieron al desnudo las distintas concepciones políticas y económicas que rigen el debate de la seguridad social, pero que en el fondo se relacionan -una vez más- con el modelo de desarrollo.
El dictamen de mayoría, aprobado por el PRO, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica y Proyecto Sur simplemente no dice cómo financiar los aumentos implicados en la meta del 82. Así, de manera análoga, el día de mañana podría promulgarse una ley que ordene al gobierno cuadruplicar el presupuesto en salud, duplicar el gasto en educación y triplicar la inversión pública. ¿Quién podría oponerse a tan loables objetivos?
El hecho de que el proyecto no indique cómo se podría financiar el 82 es una demostración palmaria de que el objetivo real no era la aplicación de la ley (y por ende la mejora jubilatoria) sino producir el veto presidencial. No existe en el proyecto ninguna búsqueda seria de viabilidad de modo tal de comprometer seriamente al gobierno con la posibilidad de realizar la reforma propuesta.
Una investigación del Conicet (de los economistas Julio Neffa, Demián Panigo, Emmanuel Agis y Nicolás Dvoskin), elaboró un documento sobre los efectos de la ley aprobada en el Congreso. Las conclusiones principales son: 1) Hubiera aumentado la desigualdad en un quince por ciento y reproducido la brecha del sector activo en el pasivo, 2) La jubilación mínima hubiese subido 37 por ciento, mientras que la media y alta, entre un ochenta y un mil por ciento, 3) Entre veinte y cuarenta mil millones de pesos se hubiesen destinado a los sectores de ingresos medios y altos, no a los más vulnerables, 4) Hubiera regresado la inequidad de género, reparada en el último año por la incorporación de las amas de casa al sistema previsional, 5) Se obligaba a Anses a desinvertir sus activos de manera forzosa en sólo treinta días, generando una pérdida millonaria al Estado.
Además, el proyecto vuelve a hacer referencia a la “plata de los jubilados”, haciendo gala de ignorancia junto con el oportunismo. Actualmente, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Ansses (“La plata de los jubilados”) solo se compone en poco más de cuarenta por ciento con aportes previsionales. El resto es financiado con simples impuestos. Dicho de otro modo: “la plata de los jubilados” no financia hoy ni la mitad de fondo. El sistema está en déficit desde 1987.
En este contexto, es realmente insólito que distintos sectores de la oposición -entre ellos Proyecto Sur- sostengan que, como dijo Clarín, “El gobierno se financia cada vez más con plata de las jubilaciones.” El argumento de Clarín y el Grupo A es sencillo: mientras el gobierno insiste en que no podrá pagar el 82 por ciento móvil para las jubilaciones, vuelve a echar mano a recursos jubilatorios para financiar sus gastos. Sin embargo, tan mala no ha sido la adminitración oficial del FGS ya que éste tuvo un aumento en solo un año del 48 por ciento, pasando de poco más de cien mil millones de pesos a 149.286 millones. Considerando estos datos, si es verdad que el esquema “prioriza el gasto antes que la inversión productiva”, ¿cómo explicar que el fondo haya crecido un 48 por ciento sólo en un año?
La iniciativa del Grupo A-Proyecto Sur no deja de ser un intento torpe de hacerle pagar costos al gobierno en el área previsional. Y es torpeza porque después de siete años en el poder, lo que más valoran los argentinos del gobierno son las políticas hacia los jubilados (además de la política de derechos humanos). En una encuesta de Poliarquía Consultores (La Nación), realizada sobre un millar de casos en centros urbanos, el 53 por ciento consideró como el rasgo más positivo del gobierno es la política hacia los jubilados. Esta consideración mayoritaria se asienta en datos reales: el llamado plan de inclusión previsional permitió que Argentina tenga actualmente la tasa de inclusión de adultos mayores más alta de América Latina. El sistema pasó de contener 3.200.000 jubilados a tener 5.400.000. En el medio se recuperó el sistema de aportes de los trabajadores de manos de las afjp.
Ha sido particularmente lamentable el papel desempeñado en este debate por el Proyecto Sur. Ciertamente, que la derecha retrógrada produzca estos intentos es esperable, pero cuando los diputados de Proyecto Sur se sentaron en sus bancas, sin condicionar el quórum a la discusión del financiamiento, “entregaron la posibilidad de restituir los aportes patronales”, como dijo Sabbatella. Y agregó: “La derecha necesitaba que Proyecto Sur le abriera la puerta para imponer su dictamen y eso es lo que hicieron. Si hubieran puesto como condición la restitución de los aportes patronales y otras fuentes de financiamiento, tal como hicimos nosotros, el proyecto de la derecha no ganaba».
Así, tras el torpe y oportunista intento del Grupo A y del Proyecto Sur queda ahora un largo trecho para una discusión realista y seria sobre las jubilaciones. En primer lugar, el gobierno haría muy bien en poner la discusión en un contexto distinto del “equilibrio fiscal”. La repetida referencia a la posible “quiebra del Estado” es poco feliz por una serie de razones. Por caso, si el Estado financiara gastos mediante una mayor deuda en divisas, obviamente hay un requisito muy severo de sustentabilidad a la hora de hacer frente al endeudamiento, porque el gobierno no puede emitir dólares. Entonces el Estado puede “quebrar” como ocurrió con el default de 2002 y ello producirá una crisis con severas consecuencias sociales y económicas. Sin embargo, si el Estado financia gastos (por ejemplo, previsionales) con moneda doméstica las cosas cambian sustancialmente. En este caso, el peso de la deuda no puede “quebrar” al Estado y no hay default posible. En este enfoque, “la sociedad se debe esta deuda a sí misma” como diría Alvin Hansen, un viejo economista keynesiano.
La otra cuestión es que los propios sectores populares deberían ir poniendo la discusión de las jubilaciones en un terreno distinto del “82 por ciento movil”. Un ejemplo puede aclarar el punto. En 2003 la jubilación mínima representaba el 88 por ciento del salario mínimo vital y movil (Smvm). Actualmente el haber mínimo es el 60 por ciento del Smvm. Sin embargo, claramente la situación actual es hoy sustancialmente mejor para los jubilados que en 2003. Entre 2001 y 2010 el haber mínimo aumentó 52 por ciento en términos reales (es decir, descontada la inflación real). Esto demuestra que mucho más importante que la relación de la jubilación mínima con el Smvm es la evolución de la capacidad real de compra del haber.
Ciertamente, se dice -y es verdad- que en el mundo los sistemas previsionales están en crisis. Se discute si se aumenta la edad jubilatoria o si se aumentan los aportes. Pero se olvida que hay crisis jubilatoria porque hay crisis del empleo (alto desempleo), informalidad y estancamiento económico. Por eso, la major garantía para tener jubilaciones dignas es no sólo considerar el pago de las actuales jubilaciones sino que debe priorizarse un criterio reproductivo para mejorar las futuras jubilaciones. Con el envejecimiento paulatino de la población, la cantidad de jubilados y el gasto previsional seguirá aumentando inexorablemente. En este contexto, el aumento persistente del empleo y los salarios, junto con la reducción de la informalidad, constituyen la única fórmula correcta para garantizar mejores y más dignas jubilaciones.
Fuente: www.NuestraPropuesta.com.ar
